Resumen: Por el Juzgado de primera instancia en un procedimiento de División Judicial de Herencia se dicta sentencia desestimando la oposición y se aprueba el inventario, estableciendo que no se ha acreditado la existencia de un contrato de arrendamiento rústico entre el causante y uno de los herederos, sobre varias fincas rústicas. Recurrida dicha resolución por el Heredero, se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia recurrida, porque el procedimiento seguido es apto para determinar los bienes de la herencia y sus circunstancias, como la carga o contrato de arrendamiento de fincas del haber hereditario, lo que determinaría también la existencia de rentas en el inventario; aparte de que fue el propio recurrente quien introdujo dicho objeto en el procedimiento y ahora no puede ir contra sus propios actos; debiendo también desestimarse el motivo alegado de error en la valoración de prueba, porque del informe pericial se deduce la posesión de la finca por el apelante pero no en concepto de arrendatario; así, no existe contrato escrito; las fincas hasta el 2018 estaban inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Junta de Extremadura a nombre del causante y no del sobrino heredero; las rentas confesadas son mínimas; la entrega de productos se hacían a nombre de su tío; parte del precio se pagaba en cosechas; por lo que, todo lo mas, si la situación no era de mero precarista, era una situación de aparcería, pero no de arrendamiento.
Resumen: Se presenta por un Sindicato de Policía, solicitud de medidas cautelares, "inaudita parte", para que se lleven a cabo las actuaciones pertinentes ante las autoridades competentes para que, respetando la prioridad del sector sanitario, se realicen de forma urgente test de detección rápida del covid-19 a los funcionarios de la Policía Nacional, en el modo que se considere más conveniente y oportuno para evitar el incremento de riesgo de contagio de aquellos y, con ello, el riesgo de colapso de la capacidad operativa del propio cuerpo.La AN previa declaración de su competencia para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de PRL,desestima la solicitud,, será la Autoridad Sanitaria y no la DGP quién determine, en función los intereses de la totalidad de la sociedad, qué colectivos son prioritarios en orden a la realización de los Test, sin que la DGP tenga competencia alguna al respecto, pues se trata de unos instrumentos respecto de los que existe manifiesta escasez.
Resumen: La Sala confirma la condena del recurrente por el delito contra la salud público en un supuesto en el que se servía del domicilio en que habitaba para distribuir droga. La Sala descarta aplicar el tipo atenuado establecido en el art. 368.2 CP (LO 5/2010), puesto que el hecho no se considera el hecho como de menor entidad. Al respecto, la sentencia razona: "Tratándose de un total de 9,0571 gramos unido a como se desarrolla no un hecho, dado que concurren ocho actos de venta prologados en el tiempo, necesitados del apoyo logístico que prestaba el domicilio del recurrente donde también se hallaron efectos para desarrollar el tráfico de cocaína en dosis, es acreedora la sentencia de su confirmación en cuanto aplica la doctrina legal en vigor en cuanto se exige que el acto de tráfico sea expresivo de una conducta puntual que no revele un modo usual de vida, lo que ha descartado la Sala precisamente por la operativa policial que detectó "actos de tráfico" y la utilización de su domicilio, a lo que se añade la detentación de útiles para conseguir nuevas dosis, alterando la composición de la cocaína".
